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Me dejan con una sensación de no-diálogo en la boca. De entendimientos que no encuentran bordes ni puentes donde articularse o conectarse. Algo así como esferas impermeables donde no hay conexión posible.
Por partes. Leí unos twitt donde, con el adjetivo de lúcida, se destacaba la opinión del ex-ministro Ricardo Solari aparecida en La Segunda bajo el título de Conflicto mapuche e institucionalidad democrática. En la columna, Solari puntualiza dos temas básicos en este conflicto: tierras y conformación del Estado chileno. Esta idea es central:
En el corazón de este bicentenario, es imperativo admitir que, habiendo reconocido la corona española la independencia de la Araucanía y la frontera del Biobío, la formación del estado chileno suponía una guerra doble: una guerra de emancipación de España y una guerra de dominación de los pueblos originarios.Sin embargo, compartiendo el diagnóstico, considero que la pregunta que se hace Solari es una no-pregunta. El ex-ministro dice respecto al Estado: ¿cuál es la mejor oferta que puede hacer para que todos los mapuches decidan libremente reconocer su autoridad?.
El Colegio de Antropólogos de Chile pone un punto en el debate como un segundo argumento fuerte, donde la dignidad, pobreza e inconsistencia caracterizan a la ciudadanía de las personas Mapuche :
El asedio al pueblo mapuche vuelve a poner en evidencia la crueldad e inconsistencia con la que el estado chileno enfrenta a quienes están condenados a vivir una ciudadanía de segunda clase. Privados de los medios para la realización de su cultura son también privados de los derechos básicos para defender su dignidad.Un renovado Aucan Huilcamanán, líder historico mapuche, presenta el argumento fuerte contrario:
el primer asunto del diálogo "se refiere a abordar el tema de tierra, territorio y todos los recursos que están afectados por las compañías forestales". El segundo es "tener la disponibilidad de dialogar el establecimiento de un régimen autonómico en el sur de Chile" y, además, "que se establezcan modalidades de relación directa a partir del estatuto autonómico del pueblo mapuche con el Estado chileno".Puestas, por fin, las cartas sobre la mesa, tratemos de seguir estos hilos argumentales que van como punta de rieles en el país.
Tierra, Territorio y Territorio Ancestral. No son sinónimos y representan cosmovisiones diversas. Tierra se usa cuando se alude a campesinado, es medible, comprable, usable según distintas tecnologías y es en términos económicos un bien de capital. Territorio es un término que reconoce las dimensiones políticas, sociales, culturales, etc, de un espacio geográfico y está siendo usado mayoritariamente en el debate y las iniciativas vinculadas a desarrollo local y por cierto, a las iniciativas económico/productivas tipo cluster-encadenamientos, marca de origen, etc.
Territorio Ancestral en cambio tiene una acepción bien distinta, porque implica:
...que se reconozcan, entre otros derechos colectivos aquellos que tienen que ver con la posibilidad de practicar sus propias formas de explotación de las tierras, con ejercer la potestad colectiva sobre los recursos naturales que se encuentran en ellas, con mantener incólumes los sitios sagrados, con ejercer gobierno y jurisdicción autónomos, con permanecer colectivamente en las tierras ancestrales y no ser expulsados de allí por ningún medio o circunstancia, con que estas tierras no sean enajenadas y con desarrollar sus propias concepciones de desarrollo y vida.Es decir, territorio ancestral alude a temas de potestad de uso, propiedad (colectiva), y ejercicio de gobierno y jurisdicción autónomos por parte de los grupos indígenas dentro del territorio nacional. Y también alude a espiritualidad y cosmovisión donde la tierra es madre que produce y engendra.
Un tema que en Chile está invisible, a diferencia de las experiencias que aunque criticadas y limitadas como se denuncia desde sus respectivas agrupaciones indígenas, sí existen en Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia que reconocen en sus Constituciones Políticas que su Estado es plurinacional, es decir, que dentro del territorio nacional conviven diversas culturas y/o naciones indígenas, que están integradas dentro de la identidad y el carácter del Estado. Esta es una generalización imprescindible para poder desarrollar mi idea, así que la voy a considerar permitida.
Ecuador y Bolivia reconocen ser Estados pluriculturales y multiétnicos.Colombia (art 7 de la Constitución política) reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Nicaragua tiene un regimen autonómico para los pueblos de la Costa Atlántica (autonomía política, jurídica, económica financiera, cultural, etc) que delimita hasta un modelo regional de salud, entre otros. Para quienes piensen que el problema del Estado multicultural es "indígena", se le invita a dar una miradita de 2 minutos a Europa (por ejemplo: España y su reconocimiento de regiones autonómicas, y el conflicto multinacional de la ex-URSS).
Aunque un poco antiguo, este artículo de Latinoamérica On-Line, titulado El Tabú del Estado multiétnico expresa bien el argumento expresado desde el Banco Mundial (no desde las organizaciones sociales) en el 2005 sobre el rechazo del parlamento chileno para dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
Chile, uno de los países más estables política y económicamente en América Latina, es un caso excepcional en una región donde la mayoría de los estados con pueblos indígenas han dado rango constitucional y ratificado dicho Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre protección de sus derechos sociales y económicos. Pero los avances legales no son garantía del fin de la exclusión que rige desde tiempos de la colonización europea el trato hacia los pueblos originarios, aun en aquellos países con mayores espacios de autonomía, como Colombia, Panamá y Nicaragua.
En Chile, el argumento "territorio ancestral", es decir, sobre la propiedad de la tierra de los Mapuche y otros pueblos originarios desde una dimensión histórica está bien explicado en este documento de José Aylwin sobre Pueblos Originarios donde relata cómo fueron despojados de su territorio ancestral luego de la ocupación del Ejército de las tierras mapuches en 1881, la segregación de la población en reducciones, en un 6% de la tierra que ocupaban anteriormente, y mientras las tierras más ricas y fértiles fueron entregadas a colonos nacionales y extranjeros, estos últimos a título gratuito.
Esta línea argumental nos conecta con la segunda posición fuerte:
Autoridad. Estado y Regimen Autonómico. Recuerdo las palabras de un analista chileno sociólogo en un aula colombiana: "Chile no se puede dar el lujo de experimentos mesiánicos como los de Bolivia y Ecuador". Todo esto ante la pregunta por el reconocimiento de las etnias originarias en Chile. Los mapuches en huelga de hambre demuestran que no es un lujo sino una necesidad hacer escuchar el tema indígena en Chile a una clase política y a una sociedad que no se considera "mestiza" sino "chilena", subordinando la identidad étnica a la identidad nacional, excepto cuando asume disfraz y performance de valentía y confrontación.Por ello, el tema de la autoridad es importante, es decir, si es factible el reconocimiento de la autoridad del Estado Chileno por parte del Pueblo Mapuche. Argumento frágil e ilógico. ¿Por qué?
Porque hace invisible la cuestión de la autonomía de los pueblos indígenas, es decir, derecho a tener sistema normativo propio. Y cuando se dice "autonomía" es como lo explica Bartolomé Clavero:
cuando el Convenio se refiere a que la consulta por parte de Estado tiene que realizarse a instituciones representativas de los pueblos indígenas, está entendiendo que esos pueblos tienen una organización política, y por lo tanto autonomía.La autonomía está ligada a la cuestión de la autoridad. Es decir, a la construcción de una autoridad plural, incluyente, en tensión y disputa. De lo contrario, hablamos de una autoridad donde el Estado Chileno manda y los indígenas obedecen, que niega la posibilidad de autonomía normativa de los pueblos indígenas. Esto no es un tema nuevo en el país, aunque lo parezca:
La Ley nº 19.253 promulgada en 1993, y que rige hasta la fecha las relaciones entre el Estado chileno y las “etnias” indígenas, destaca el
carácter pluriétnico de la Nación Chilena y pone énfasis en la necesidad de promover el “desarrollo indígena con identidad”.La misma ley estableció en su momento el marco nacional respecto a derechos de los pueblos indígenas a las tierras y recursos y creó un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, administrado por la CONADI.
El Estado de Chile ejecuta además “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad” que plantea que el reconocimiento de derechos indígenas es un asunto que convoca a la sociedad en su conjunto, incluido el gobierno; y espera transversalizar e institucionalizar el tema indígena a toda la estructura estatal.
Otro elemento en juego son los compromisos internacionales que Chile ha asumido, donde el más fuerte es el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, que considera a los pueblos indígenas como pre-existentes en el territorio nacional.
Y de nuevo Clavero:
"Una Reforma Constitucional en Chile que no considere como cuestión clave la autonomía política, además de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, no cumpliría con el Convenio 169"En síntesis, existe un problema conceptual en el debate sobre los Mapuche, y es que no hay puntos de encuentro entre dos voces que demandan cosas distintas: integración v/s autonomía, tierra v/s territorio ancestral. Se requiere tender puentes. Es urgente.
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