Fernando López Romero, en R.la.revista, No 5, junio 2010
Para el Gobierno de Rafael Correa el año transcurrido entre agosto del 2009 y agosto del 2010, ha sido muy importante, porque ha consolidado tres cuestiones:
1. Las relaciones con los grupos empresariales más poderosos del Ecuador (La Favorita, Nobis, Eljuri, Pronaca, La Fabril, NIRSA, Banco de Guayaquil.
2. Su poder personal en Alianza País, debido al desplazamiento definitivo de varios militantes fundadores ubicados hacia su izquierda, y la subordinación completa de todos los grupos variopintos que lo integran. Digo grupos por cuanto no es posible identificar con claridad En Alianza País tendencias políticas e ideológicas.
3. Rafael Correa legitimó su liderazgo ante la mayoría de la población, especialmente entre la pequeña burguesía y las clases trabajadoras del campo y la ciudad, capeando con éxito las decepciones de algunos sectores y denuncias de corrupción. Para esto ha combinado con mucho acierto una intensa propaganda, políticas sociales, obra pública, y un ataque implacable contra todo cuanto se haya colocado a la izquierda del proyecto dominante y le dispute legitimidad ante el conjunto del pueblo.
Un año después de haber iniciado su segundo mandato, Rafael Correa encarna a la “Revolución Ciudadana”, sin adversarios de peligro, ni por dentro ni por fuera del proyecto. Lo que algunos ven como derechización de la Revolución solo demuestra que no comprenden la naturaleza de la misma. La Revolución ciudadana no es otra cosa que la expresión de un proceso de modernización capitalista, en el que Rafael Correa parece haber logrado lo que ninguno de los gobiernos de los últimos cincuenta años: articular una nueva hegemonía (1), intento en el que fracasaron el Velasco Ibarra de los años sesenta, los gobiernos militares de los setenta, Febres Cordero, Durán Ballén, Abdalá Bucaram. No era posible construir esa nueva hegemonía gobernando con esa mezcla explosiva de un neoliberalismo ortodoxo y resistencias sociales, “corporativas”, como dirían los tecnócratas de la SENPLADES. Era indispensable, para garantizar la continuidad de la acumulación y de la dominación, una salida económica por arriba del neoliberalismo, así como a finales de los setenta fue necesaria una salida política por arriba de casi una década de dictadura militar. Vivimos no solo un momento de salida de un período, sino la transición hacia uno nuevo.
Sobre esto tratan las siguientes paginas, en las que se describe lo ocurrido en este último año, se intenta caracterizarlo y establecer las relaciones íntimas entre las diferentes manifestaciones de la lucha de clases. En el momento en el que estamos, es indispensable realizar un balance de lo ocurrido en este último año y plantear las tareas políticas y las perspectivas.
Agosto 10 del 2009. Preludio en d menor: aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir…
Algunos fragmentos del discurso de Rafael Correa Delgado al asumir la Presidencia de la República para un nuevo período, expresaron con claridad la necesidad de, por un lado, sostener una base social favorable que legitime sus ataques contra los sectores sociales y la izquierda, y, por otro, de quitarle la iniciativa política a la derecha tradicional, al mismo tiempo que continuaba el despliegue de su proyecto:
SOBRE LA REVOLUCION
“Hemos concluido la primera etapa de la revolución ciudadana, y la hemos concluido en paz”.
“La razón de nuestra lucha es esa patria de equidad, igualdad de oportunidades, sin racismo, libre de analfabetismo”. “Nosotros buscamos el buen vivir, el desarrollo equitativo, la libertad basada en la justicia y la paz. Para estos objetivos era necesario alcanzar el poder político para transformarlo en poder popular”.
LA IDEOLOGÍA
“Nosotros, somos bolivarianos y alfaristas, pero también martianos, sandinistas, morazanos. Con revoluciones auténticas, con el despertar de nuestros pueblos, los próceres recuperan el don de la palabra, recobran el mando, la calidad fecunda de capitanes libertarios.”
EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
“Una de las características más relevantes del socialismo del siglo XXI, doctrina a la que adhiere la Revolución Ciudadana, es precisamente la supremacía del ser humano sobre el capital. Para nosotros el ser humano no es un factor más de la producción, sino el fin mismo de la producción”.
“El gobierno de la revolución ciudadana cree firmemente en la fuerza productiva de todas y todos los empresarios, no solo de los que se arrogan su representación en cámaras, que usan el discurso del mercado y de la competencia, pero que cada vez que les conviene rompen los principios por ellos mismos invocados”.
LAS RELACIONES CON COLOMBIA Y LAS BASES MILITARES
“Conscientes de nuestra responsabilidad por el mantenimiento de la paz, y ratificando nuestra decisión de no involucrarnos en el interminable conflicto interno de Colombia, levantamos claramente nuestra voz de protesta por esta situación. Los hombres libres de América Latina venceremos a los agenciosos recaderos del imperialismo”.
“Ojalá la instalación de bases militares en territorio colombiano, no proponga fortalecer la política guerrerista del gobierno de nuestro vecino, y combatir, no al narcotráfico, sino a los gobiernos insurgentes de nuestra América”.
Para el análisis es indispensable conectar el discurso de Correa con el proceso, las palabras con los hechos.
Acerca de revoluciones y revoluciones…
La derecha, paranoica como siempre, y la esquizofrénica izquierda reformista, comparten una vieja devoción: ven revoluciones en todas partes.
Cualquier alteración del paisaje de la dominación, por pequeña que sea, es para la derecha un desastre seguro en el horizonte. En el caso de América Latina, y especialmente en sociedades de vieja matriz colonial, como la ecuatoriana en la que existe un racismo larvado y visceral, la clase dominante se considera predestinada para mantener intactos hasta los más pequeños privilegios, mientras que importantes sectores de clases medias y populares consideran que enriquecerse como sea y acumular es su única posibilidad de blanquearse, realizarse, igualarse y superar complejos ancestrales.
A su vez, hasta el más pequeño cambio, a veces incluso un gesto o una declaración cualquiera, son considerados por la izquierda reformista como el camino hacia transformaciones más profundas. El discurso anti oligárquico del gobernante de turno, y mejor si está sazonado con invocaciones a la patria y la soberanía nacional, ha sido recibido con un entusiasmo, que crece si está acompañado de empleos, encargo de discursos, contratos, embajadas, figuración política u otras pequeñas y grandes delicias del poder, tan apreciadas por los intelectuales de izquierda provenientes de la pequeña burguesía, especialmente por aquellos que, luego del derrumbe del llamado “socialismo real”, ya se habían resignado a no ver por ninguna parte revoluciones ni algo que se les parezca.
No de otra manera puede entenderse la subordinación irrestricta al proyecto de Correa de gran parte del Partido Socialista y de sus intelectuales para estatales; el servilismo de los propietarios de las ruinas de lo que fue el Partido Comunista del Ecuador; el entusiasmo ciudadano de alfaristas y bolivarianos; la eficiencia de antiguos maoístas devenidos en altos funcionarios; y la militancia con boca cerrada de grupos que derivaron al reformismo desde los años 80, como el caso de una de las corrientes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La extracción pequeño burguesa de la dirección de la izquierda reformista explica su diletantismo político y su afición por los cargos públicos. En su deriva más extrema hacia la militancia directa en la derecha, la historia ecuatoriana está llena de ejemplos de antiguos dirigentes estudiantiles, laborales y políticos, que, surgidos en la izquierda, han terminado como fieles militantes de algún partido burgués, en cargos de secretarios privados, asesores-informantes, ministros, subsecretarios, embajadores o funcionarios para todo uso, escritores de discursos y puentes para contactos con los sectores populares y las fuerzas de izquierda.
La tendencia dominante en la izquierda ecuatoriana, ha sido un reformismo de vocación profunda. Las tres grandes corrientes históricas de la izquierda han bebido de estas aguas: los comunistas, los socialistas, y aquellas surgidas de la influencia de la revolución Cubana, en la que el MIR ha sido la más importante. Pero no sería justo atribuir ese amor por el evolucionismo, el gradualismo, las etapas, los cambios desde arriba, y el mal menor, estrictamente a la influencia del estalinismo. Es indispensable remontarse a la lectura realizada por la izquierda reformista ecuatoriana de la Revolución Alfarista.
La lectura que la izquierda, especialmente los socialistas y comunistas, hicieron de la Revolución Alfarista fue típicamente reformista: se trataba de una revolución “inconclusa” en tanto que revolución burguesa, que debía ser terminada en sus tareas burguesas (modernización política, eliminación del latifundio y los rezagos feudales precapitalistas) mediante una alianza de los sectores populares y la burguesía nacional “progresista” contra los feudales y la oligarquía bancaria agro exportadora.
Para esta corriente reformista, tributaria del liberalismo positivista y del estalinismo, la revolución Alfarista de 1895, no fue una revolución interrumpida en 1912 en su carácter radical democrático por la contra revolución oligárquica de los señores de la banca y del cacao y los terratenientes serranos. Que solo podía ser continuada en ese sentido radical y popular, por una alianza de obreros, campesinos y la pequeña burguesía, expresada en una fuerza política dotada de un programa revolucionario que una la cuestión nacional y la cuestión social.
Desde esa perspectiva, cualquier alianza política y forma de acción (electoral, parlamentaria, putchista), ha sido admitida y considerada necesaria y legítima para concluir la revolución Alfarista, traicionada por la propia burguesía, como una revolución burguesa democrática, y avanzar a partir de allí en el camino hacia un rumbo socialista.
Los partidos de la izquierda reformista, en cualquiera de sus variantes, nunca se plantearon una transformación revolucionaria de la sociedad, y menos aun, a partir de la acción de los trabajadores. La vocación verdadera de sus dirigentes fue el compromiso con aquellos sectores políticos que les garanticen acceder a los gobiernos y al aparato estatal para obtener ventajas personales y de grupo. Las luchas reivindicativas de trabajadores, estudiantes, maestros, indígenas y campesinos han sido generalmente utilizadas como un instrumento para ello, al igual que las posiciones conseguidas en los parlamentos burgueses. Esta es una de las razones que explican la extendida despolitización de sectores sociales importantes y el descrédito de la izquierda. La Revolución Ciudadana aparece como la expresión actual de ese viejo sueño.
A despecho de la paranoia de la derecha, y del entusiasmo de esta izquierda reformista, aún de sus sectores menos corrompidos y de los creyentes sinceros en la Revolución Ciudadana, lo que estamos viviendo en Ecuador es algo muy distinto de un cambio revolucionario. El gobierno de Correa ha reorganizado la institucionalidad burguesa y se han consagrado derechos generales por los cuales amplísimos sectores han luchado desde hace décadas; se han puesto en marcha políticas sociales y políticas públicas en las que expresa una apariencia de participación democrática; se ha robustecido el papel del Estado en la sociedad y en la economía. Pero esto no es, por sí mismo, favorable para un cambio profundo, sino que contribuye a la consolidación del orden de clases y profundiza y agrava la inserción subordinada del Ecuador en la mundialización capitalista.
Rafael Correa, cada vez que le es necesario, se solaza al referirse con agresividad y desprecio a la que llama “izquierda del todo o nada”. Habría que recordarles a muchos de los todavía fervorosos correistas, provengan o no de la izquierda y de los movimientos sociales, que sin una transformación en las relaciones sociales como resultado de modificaciones profundas en las relaciones de propiedad, y sin cambios en las relaciones de fuerzas entre las clases. Nada de esto será posible si las clases trabajadoras y los pueblos del Ecuador no construyen sus propias formas de poder político para destruir el Estado, instrumento de dominación de la burguesía y de la dominación imperial, y reemplazarlo por una organización del poder que sea herramienta transitoria al servicio de los intereses de las clases trabajadoras, y que se extinga en una sociedad futura sin clases. No estamos, por tanto, en medio de ninguna revolución. Sin esta comprensión, para retomar las palabras del “todo y de la nada” del propio Rafael Correa, nos encontraremos, como izquierda y como pueblos, en medio de la nada.
Por las características históricas de nuestra sociedad, una transformación profunda debe unir las tareas sociales, nacionales y democráticas, resolver la cuestión nacional y la social, como sostenía Mariátegui, no es posible sin resolver la cuestión del poder. Una revolución significa superar todas las formas de dominación y de opresión en un proceso prolongado, complejo, profundo y desde abajo, en el cual los trabajadores se constituyen en sujetos de su propia emancipación.
La paranoia de ahora de la derecha tradicional, ha colocado en el mismo saco a Correa, Chávez y Evo Morales. En sus delirios, hasta ha llegado a incluir en el reparto izquierdista a Cristina Fernández de Kirchner y al reblandecido tupamaro José Mujica, mientras que ha llenado de alabanzas al liberalismo de Lula, como en su momento lo hizo con el de la concertadora señora Bachelet.
¿Cuáles son las diferencias entre los procesos que se viven en Ecuador, Venezuela y Bolivia? Para el presente análisis, las más importantes son que Evo Morales, impulsando un proyecto económico y político reformista, ha articulado un gobierno con fuerte presencia de la mayoría de los movimientos sociales, y que en Venezuela, con Hugo Chávez al frente de un gobierno nacionalista de izquierda, se han desarrollado procesos de organización popular. En cambio en Ecuador los movimientos sociales son considerados por Correa como los enemigos principales de su Revolución, y el gobierno y la iniciativa política de la tecnocracia correísta, se sostienen en el apoyo de la mayoría de la gran burguesía, en las viejas clientelas electorales que se han cambiado de bando, en las políticas sociales, en la persecución a los movimientos sociales y en la ausencia de una política alternativa desde la izquierda.
El carácter del gobierno de Correa
Las resistencias sociales de los años 90 y de la primera mitad de la presente década, demostraron que la imposición del ultra liberalismo ortodoxo no era posible en Ecuador con la misma profundidad que en otros países de América Latina. A las resistencias sociales, cuya expresión última fue la lucha, liderada por indígenas y campesinos contra el Tratado de Libre Comercio, se agregaba también, como un obstáculo, las confrontaciones entre los distintos grupos empresariales por el botín de las privatizaciones y las migajas del capital internacional.
El Gobierno de Correa y su proyecto deben ser comprendidos en el marco de los obstáculos que no pudo superar el liberalismo ortodoxo para asegurar la inserción de la economía ecuatoriana y la explotación de los recursos naturales en la globalización capitalista. La acumulación y reproducción del capital, y la estrategia de dominación imperial, requería entonces de nuevas herramientas, la principal de ellas, una reinstitucionalización política, que establezca reglas del juego legitimadas que incorporen ciertas demandas de los de abajo, pero que permitan el juego de las leyes del mercado, con el Estado como un actor que no solo asegure la coerción, como en el esquema neoliberal clásico, sino que permita una modernización ordenada de la infraestructura productiva a la vez que la contención de las luchas sociales a través de políticas sociales y de la cooptación y/o división de las organizaciones populares.
El ascenso de Correa, visto en perspectiva histórica, fue una conjunción de dos factores. Por un lado, de una maniobra desde arriba realizada por los grupos que se articulan en la escena electoral de tiempo en tiempo, en los que se juntan los reformistas sinceros, los cabilderos de siempre y, por supuesto, los hombres para cada ocasión y oportunidad. Y, por otro lado, de los rezagos de década y media de resistencia y movilización social de los trabajadores y de los indígenas contra el neoliberalismo, pero, al no haber constituido sus propios instrumentos políticos y organizativos para expresar sus deseos de cambio, se sumaron de manera subordinada, como apoyo electoral, al final de cuentas para sostener con su consenso activo la continuidad del orden de dominación.
El gobierno Obama y América Latina
El ascenso de Barak Obama a la Presidencia de los Estados Unidos, que se produjo en medio de la crisis integral más seria del capitalismo desde 1929, y del cansancio y del asco producido por un sistema político en crisis desde la administración Clinton hasta las de Bush hijo, no ha modificado la estrategia imperialista, y, en el caso de América Latina, se ha producido un reforzamiento y una relegitimación de la presencia imperial.
Para una modificación sustancial en la política del Imperialismo Norteamericano, los Estados Unidos deberían sufrir un serio revés externo o producirse un cambio muy importante en la situación política interna, lo que se ve muy lejano en un sentido democrático. Hasta el momento, una de las expresiones de la crisis económica es el desplazamiento hacia la derecha de importantes sectores de la población norteamericana. Las últimas grandes movilizaciones sociales con matices anti sistema ocurrieron en los años treinta, en medio de la recesión, y en la década del sesenta, en la lucha por los derechos civiles y contra la Guerra de Vietnam. El último gran revés norteamericano en su política externa fue justamente la derrota militar y política sufrida, en la Guerra de Vietnam. Desde los años 80, el “complejo militar industrial” recobró con fuerza el timón para los intereses del gran capital, lo que ha significado que el Pentágono, el gran capital financiero y los fabricantes de armamentos, continúen al mando de una política exterior que tiene como objetivo estratégico el control militar del planeta a través del despliegue de todas las formas de intervención.
La guerra de intervención imperialista, en sus distintos niveles y formas, no cesó nunca contra Cuba, y no cesará hasta disciplinar o derrocar a los gobiernos nacionalistas de izquierda en América Latina. En los años sesenta, los Estados Unidos plantearon su tesis de no admitir en el continente la existencia de la Revolución Cubana y de ninguna nueva Cuba, y desde entonces su política exterior ha sido consecuente con esa posición. El Pentágono ha sido el gran rector de los destinos de América Latina desde el desembarco en Playa Girón en 1961, la invasión a República Dominicana en 1965, la intervención en Bolivia, la contrarrevolución organizada en Chile contra el Gobierno de Allende, los asesinatos de Roldós y de Omar Torrijos, las dictaduras terroristas del Cono Sur, la Guerra de Baja Intensidad contra el Sandinismo y las guerrillas centroamericanas, hasta la actual guerra contra el terrorismo y el narcotráfico ¿Puede, aún el más reblandecido intelectual de ONG, o el más ingenuo habitante de nuestras tierras imaginar que los Estados Unidos van a renunciar a su patio trasero sin oponer la más feroz resistencia?
La piedra angular de esta estrategia en América Latina es el Plan Colombia. La administración Obama mantiene el bloqueo contra Cuba, las acciones de desestabilización, como en Honduras, y la “guerra contra el narcotráfico”, que, solo en el caso de México, ha significado casi treinta mil muertos en los últimos tres años. El control de los recursos naturales, especialmente de América del Sur, y la derrota de cualquier posibilidad de un desarrollo de la situación política hacia una salida revolucionaria en Venezuela y Bolivia, son prioridades en la política de Washington, sin perder de vista la evolución del ascenso de la burguesía brasileña.
Pero la guerra no es solo un recurso estratégico para mantener la dominación, la guerra se ha revelado como la estrategia misma; en ella se sostiene el desarrollo tecnológico de punta, la investigación científica de punta y la transformación del Estado norteamericano de imperialista externo en estado de Seguridad Nacional en el interior de los propios Estados Unidos. Un pensamiento estratégico emancipador no puede, bajo ningún concepto hacerse ilusión alguna y peor pasar por alto esta condición histórica.
Efectos evidentes de la ofensiva imperialista sobre América Latina son el golpe de Estado contra Manuel Celaya en Honduras y la posterior imposición en la presidencia de Porfirio Lobo, luego de elecciones cuestionadas por la oposición popular; la victoria del pinochetista Piñera en Chile; la instalación de las siete bases militares norteamericanas en territorio colombiano y la elección fraudulenta de Juan Manuel Santos para continuar con la estrategia de la guerra, y la ofensiva sobre Venezuela que llevó al gobierno del Coronel Chávez a romper relaciones diplomáticas con Colombia. Las afirmaciones de Correa el 10 de agosto del 2009, de defensa de la soberanía, han sido solo el preludio y el camino para someterse luego al Plan Colombia, como en su momento lo hizo el Coronel Lucio Gutiérrez (2).
En este último año ha sido evidente que la política externa del Ecuador ha oscilado entre las declaraciones de soberanía y la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones y de aliados políticos, como Venezuela, Bolivia, Irán, Brasil, hasta la subordinación de hecho a los dictados de Washington (yo no soy anti nada, dijo Correa en su conversación con la enviada imperial, Hilary Clinton, en días pasados). El nacionalismo de Correa tuvo su despliegue retórico más alto cuando la crisis en Honduras, pero de entonces para acá, Ecuador ha entrado de lleno a cumplir con su papel de contención militar en la frontera sur colombiana.
Angostura; la postura poco firme en la crisis entre Venezuela y Colombia a propósito de las acusaciones colombianas a Venezuela de ser santuario de las guerrillas de las FARC y del ELN; y su posible apertura hacia las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Europa, cuestión que antes Correa descartó por completo, son señales claras en esta dirección.
En su relación con el MERCOSUR, liderado por el sub imperialismo brasileño, Ecuador ha apostado al pragmatismo: cuando es conveniente, ha hecho declaraciones duras con relación a Colombia, pero ha continuado aplicando, y con entusiasmo, las estrategias aperturistas del Banco Mundial, como en el caso del IIRSA.
¿Hasta donde están dispuestas a ir las burguesías nacionales de América Latina, especialmente la más fuerte de ellas, la burguesía brasileña, que ha gobernando y se ha consolidado en el plano internacional con el gobierno de Lula?. Desde hace décadas, Brasil pretende constituirse como un sub imperialismo en América del Sur, sin descartar aumentar su influencia en Centro América y el Caribe. Sus intereses se extienden ahora a la cuenca del Pacifico, hacia China y la India. Es en ese proyecto donde se debe entender su comportamiento y hegemonía en el MERCOSUR y la subordinación de Argentina, y su papel en una UNASUR concebida como instrumento de su política exterior. En esa perspectiva, Brasil no entrará en confrontación directa con los Estados Unidos, menos aun liderando una oposición de América latina. Es más, hasta podría transformase en un intermediario útil de la política norteamericana, sin llegar todavía a realizar el trabajo sucio, encargado por ahora al narco estado colombiano.
Desde la asunción de Obama, los Estados Unidos han renovado, y con éxito, su presencia en América Latina, y ninguna iniciativa integracionista, ni económica, ni política, podrá desarrollarse si no se producen cambios favorables al campo popular en las relaciones de fuerza, reales y profundos. La consolidación de la estrategia guerrerista en Colombia; el reforzamiento del liberalismo en Chile, resultado directo de la traición de los concertadores; la traición del PT de Brasil, son evidencias claras de que no estamos aun en ese momento.
La radicalización de la revolución ciudadana
Algunas personas, hasta hace muy poco fervientes partidarias de Rafael Correa, sostienen todavía que la alianza con la derecha social cristiana en el tema de la Ley de Aguas y la profundización de la persecución contra los indígenas y campesinos, más que una expresión de la naturaleza de clase del proyecto del gobierno, son una prueba de la personalidad autoritaria del Presidente y de su incapacidad para comprender lo que pasa en el país (3).
Los factores subjetivos que tienen relación con la figura del Presidente Correa: autoritarismo y conservadurismo católico, su pensamiento político liberal, una mentalidad mesiánica y tecnocrática que le lleva a despreciar la importancia y autonomía de los movimientos sociales, sus vacilaciones pequeño burguesas, ignorancia de la historia y de las ciencias sociales, deben ser considerados, sin duda.
Pero un análisis de mayor profundidad y perspectiva, indica que el endurecimiento del Gobierno con los movimientos sociales y su mayor derechización solo han profundizado lo que Correa llama “Revolución Ciudadana”; es decir, que el programa definido desde el comienzo por el gobierno, enmarcado en gran medida en las estrategias trazadas hace bastante tiempo por el Banco Mundial, está caminando hasta donde se quiere que vaya desde las altas cumbres del poder económico y político. Al atacar a los movimientos sociales, Rafael Correa expresa con claridad el carácter de la nueva hegemonía.
Permite ver también que el autoritarismo de Correa, y que la aceptación activa del mismo por amplios sectores de la población ecuatoriana, tiene profundas raíces históricas y culturales en una sociedad de matriz patriarcal, clasista y racista, que ha reclamado siempre liderazgos fuertes. Correa es visto y aceptado por amplios sectores de la población como el hombre ilustrado y enérgico, y su juventud y formación académica en el extranjero le asignan ante la gente una condición mesiánica, similar a la que en su tiempo fue atribuida a José María Velasco Ibarra.
Las principales dificultades y tropiezos del Gobierno en el año transcurrido desde agosto del 2009, no han sido producidas por la ofensiva imperial y por las acciones de la derecha tradicional ecuatoriana, la “oligárquica” y la “chola” (4). Son el resultado de varios factores: de la resistencia de los sectores sociales que defienden sus derechos; de los errores políticos del propio Correa y su círculo; de las pugnas entre sus mismos partidarios, como en el fallido intento de juicio político al Fiscal Pesantez (amigo íntimo de Rafael Correa); de las presiones de Washington para insertar al Ecuador en el Plan Colombia; y de los efectos, limitados todavía, de la crisis capitalista internacional, que comienzan a sentirse en la economía ecuatoriana (5).
Si algo debe estar claro es que, en el esfuerzo de articular una nueva hegemonía (Estado-empresarios ciudadanos -gobierno), el enfrentamiento contra los movimientos sociales y la izquierda es una pieza clave para eliminar opositores y para conquistar el apoyo al proyecto por parte de la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la población.
El programa económico
Porque la política no es otra cosa que economía concentrada la rearticulación y fortalecimiento del Estado es la nave insignia del programa económico del gobierno de Rafael Correa. El principal rector de la economía continúa siendo el mercado y la ley del valor, pero con un Estado protagonista, agente activo y piedra angular de la modernización capitalista. Este es un cambio fundamental en relación con el periodo anterior, cuando el Estado fue reducido a su papel coercitivo y de garante de los negocios comunes de la clase dominante. Ahora, en cambio, dicta reglas, rige, regulariza la explotación capitalista proporcionando el marco en el cual esta se ejerce, y generando, a través de políticas sociales, la destrucción de las organizaciones sociales, y por medio de una intensa propaganda, la hegemonía de la clase dominante. Ya no son los partidos políticos, ni siquiera el de gobierno, y menos los de la oposición y los grandes medios de comunicación, los principales constructores de consenso y hegemonía, el gran actor ahora es el propio aparato del Estado.
Rafael Correa gobierna con el beneplácito de la Embajada Americana y de los grandes grupos empresariales del Ecuador, porque su programa económico se orienta hacia una modernización capitalista, y de ninguna manera constituye amenaza alguna de alterar significativamente las relaciones sociales de producción, ni tampoco representa ningún peligro de insertarse en un marco de economía complementaria por fuera de la dictadura de la globalización capitalista neoliberal. El gobierno no descarta mejores condiciones de negociación en el mercado mundial ni iniciativas integracionistas como la ALBA, pero no son la apuesta estratégica fundamental, sino solo una carta más de las varias que manejan los tahúres de la Revolución Ciudadana.
El proyecto de modernización capitalista cuenta con el apoyo activo del Banco de Guayaquil, el segundo del país, y de grandes grupos económicos como NOBIS, Eljuri, La Favorita, La Fabril, PRONACA, que tienen diversos intereses en el mercado interno a la vez que se encuentran integrados en el mercado internacional (6). Alrededor de los grandes negocios como la minería, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, se articulan no solo los intermediarios y cabilderos de siempre, sino aquellos que aspiran a emerger como nuevos capitalistas a través de los grandes contratos directos y/o el asocio con transnacionales. El caso, develado, de los negocios de Fabricio Correa no es más que una evidencia.
Otros grupos, ligados a la construcción, las importaciones, y las exportaciones tradicionales, continúan haciendo grandes negocios. Algunos, como Álvaro Noboa, se resisten a pagar sus cuentas tributarias pendientes con el Estado, dinero es dinero, y no terminan de aceptar ser regulados en el marco de la nueva estructura jurídica del Ecuador, no aceptan las regularizaciones estatales: impuestos, regulaciones laborales, incrementos de salarios. Los grandes medios de comunicación, que se oponen al gobierno, se mantienen ligados a través de los importantes recursos destinados a la publicidad oficial. Los negocios, son de todos.
La inserción ecuatoriana en la globalización, como país de tránsito entre la emergente economía del Brasil y la Cuenca del Pacífico, con el atractivo del enorme mercado chino, requiere la modernización de la infraestructura de transporte de carreteras, puertos, aeropuertos. Lo que fue la incorporación de grandes extensiones de bosques para la producción bananera en los años cincuenta del siglo pasado por medio de las carreteras construidas en la Costa por Velasco y los gobiernos posteriores, no llega a compararse con la magnitud de construcción de obras de transporte en curso. El eje más importante es la Manta-Manaos, al que se articula el resto de la red de puertos, carreteras y aeropuertos, y la inversión prioritaria corre a cargo del Estado ecuatoriano.
El esquema institucional para la nueva economía planteada por la Revolución Ciudadana puede ser visto con claridad en dos de sus instrumentos. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo, que establece una ruta de varias etapas. En la primera, el extractivismo minero juega el papel central para la acumulación originaria “socialista”, lo que supone la necesidad de un Estado-Gobierno fuerte que, asociado con las transnacionales, les garantice sus derechos para explotar los recursos naturales en nombre del interés nacional, y por supuesto en las condiciones más ventajosas posibles para ellas. El segundo instrumento es la Constitución del 2008. En ella se establecen con claridad cuestiones como: empresas mixtas y propiedad mixta con mayoría del paquete accionario estatal en asociación con las transnacionales. Se abandonó la idea de la empresa estatal clásica, que estaba muy lejos de la empresa socializada bajo control obrero. En este esquema de asociación, el Estado se transforma en garante del capital extranjero frente a las demandas de su propia población. Esto implica que, en caso de controversia por el acceso y control de los recursos naturales, el “interés nacional”, defendido por el gobierno, se impondrá por sobre los derechos ancestrales de las clases trabajadoras y los pueblos. Este esquema de empresas mixtas puede ser delegado por el Estado al capital privado en los sectores estratégicos y servicios públicos, y se complementa con la prohibición de las huelgas en sectores y servicios públicos y la criminalización de las luchas sociales.
La economía popular, la sociedad de propietarios, y otras formulaciones del Gobierno, en caso de concretarse, producirán una capa, posiblemente extendida, de pequeña burguesía propietaria, que, adscrita al gran capital globalizado, reducirá los costos de producción y debilitará a las economías comunitarias.
El supremo comandante de la revolución y sus fuerzas políticas de tarea
Cuando asumió hace un año nuevamente la Presidencia de la República, Rafael Correa anunció en su discurso la radicalización de la Revolución Ciudadana. Al realizar un balance de los resultados electorales del 26 de abril del 2009 y de la situación de las fuerzas políticas, planteó la tarea urgente de organizar la fuerza política y social que apoye a la revolución y anunció la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, lo que agravó la paranoia de la vieja derecha y de su clientela política en desde hace mucho tiempo sectores profundamente conservadores de origen popular y de clase media. De inmediato, Jaime Nebot intensificó su propio trabajo de organización política en Guayaquil, y el Partido Sociedad Patriótica, de Lucio Gutiérrez, hizo lo mismo, especialmente entre sectores campesinos. También organizaciones barriales, campesinas e indígenas expresaron su preocupación ante el peligro de la presencia de estructuras extrañas en su espacio organizativo y cultural. En cambio, ante esos anuncios, los sectores sociales y de la izquierda subordinados al gobierno alentaron mayores esperanzas, y hasta varios invitados internacionales de izquierda hablaron del discurso de Correa del 10 de agosto del 2009 como de un discurso histórico por su contenido radical, por su fuerza simbólica. A un año del anuncio, es fácil afirmar que no se organizaron los anunciados Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana y que Alianza País se mantiene en términos generales como lo que fue desde el comienzo: una articulación de grupos políticos y electorales, empresariales, y de cabildeos de viejo y nuevo cuño.
Cómo funciona por dentro el Gobierno no es algo nuevo en la política ecuatoriana. Por la corrupción, el ejercicio autoritario del poder y la forma de tomar decisiones en un círculo cerrado, este gobierno se parece a todos los del último período, y especialmente al de León Febres Cordero, con un Presidente autoritario, con muchísimo poder concentrado en sus manos y en la de un círculo interior de funcionarios y asesores, que controlan las teclas, resortes y riendas del aparato gubernamental, deciden sobre leyes y contratos, y definen las líneas políticas, las directivas y la relación del gobierno con el Estado y la sociedad. A pesar de los anuncios realizados hace un año, Alianza País no se ha constituido en un partido político con vida democrática interna, y continúa como una estructura de grupos con diversa fuerza e intereses, pero todos ligados al Estado y obedientes, especialmente en su actuación parlamentaria, a la suprema autoridad del ciudadano Presidente. Alianza País está muy lejos de ser una organización política democrática, y con la depuración de Alberto Acosta y de otros militantes, no se advierte en relación a las cuestiones políticas centrales en el futuro y por ninguna parte, una disputa de líneas ideológicas contrapuestas.
Los aliados políticos del Gobierno y de Alianza País en la Asamblea Nacional, son fuerzas menores, útiles para cada ocasión y sin capacidad para salirse de las líneas trazadas por Rafael Correa. Algunas fuerzas, como el Partido Socialista, se aliaron a Correa en el 2006 mediante un acuerdo programático, pero todas, sin excepción, son tratadas como subordinadas. La única agenda permitida es la que impone el Presidente. Esta soledad de Rafael Correa y sus partidarios ha sido, hasta ahora, cómoda porque le ha permitido tomar decisiones sin necesidad de consultarlas.
Entre el harakiri de la izquierda institucional, los límites de la izquierda social y la debilidad de los grupos radicales
La izquierda reformista ecuatoriana, a la que llamamos izquierda institucional (MPD, Pachakutik y el Partido Socialista), está en medio de la paradoja de tener un gobierno que cumple con su programa, pero, al mismo tiempo, quedarse sin razón de ser y sin banderas. Sus problemas son más de fondo, ya no puede intermediar y negociar con el gobierno y el Estado en nombre de los sectores sociales. Son ahora los organismos del Estado y los funcionarios del gobierno quienes hacen el trabajo de la izquierda institucional y de muchas ONG.
La estructura política gubernamental y estatal, integrada por tecnócratas que diseñan y ejecutan, intermediarios que negocian los grandes negocios, y empresarios, ha creado una enorme clientela social y un aparato de control electoral, desplazando, en gran medida a la izquierda institucional al despojarle de sus espacios de poder y de sus mecanismos tradicionales de presión y negociación. Pero, además, le ha causado una severa derrota simbólica al apropiarse de su discurso y de sus principales banderas. En el pasado, solo el Velasquismo y la retórica nacionalista de la primera parte del gobierno militar de los años setenta habían significado este tipo de amenaza. Pero ni Velasco Ibarra ni los militares articularon un discurso tan completo, en el cual se articulen demandas sociales, derechos, “buen vivir”, soberanía, latinoamericanismo. Y ninguno de ellos invocó nunca al socialismo como horizonte utópico de sus programas de gobierno.
Más allá de denunciar que el gobierno no cumple sus acuerdos, un sector de los socialistas no ha demostrado mucha iniciativa para desarrollar una política independiente. Cuando Silvia Salgado, asambleísta y Presidenta del Partido, no supo si sentarse en la sala de sesiones con la oposición de derecha, o ir a la reunión del bloque de gobierno, en momentos en que se había convocado a sesión de la Asamblea Nacional por el tema de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, declaró por completo la incapacidad política de su partido para articular posiciones independientes.
El Movimiento Pachakutik, como expresión política enraizada en gobiernos locales y articulado a las demandas políticas de los sectores indígenas, puede sostenerse, todavía. El MPD enfrenta un desgate sostenido de su fuerza política en medio de fuertes contradicciones internas. Buena parte del Partido Socialista ha sido cooptada por el gobierno. Rafael Quintero López, el dirigente socialista más cercano a la Revolución Ciudadana, ha amenazado con la expulsión del Partido a quienes sostengan una política distinta.
¿Qué va a quedar de la izquierda institucional después de su subordinación al Gobierno de Correa, irrestricta en el caso de un sector del partido Socialista, y ahora “crítica” en otros sectores políticos? La división del Partido Socialista es un hecho, al parecer irreversible, que alcanzará a su base social, organizada especialmente en la FENOCIN, cuya tarea fundamental como organización es la de sostener su independencia política en la defensa de los intereses de sus organizaciones de base.
Sin espacio para actuar como oposición en un marco de legalidad burguesa, definido, regulado y modernizado por la nueva Constitución y controlado por el Gobierno, la disyuntiva planteada por Correa para todas las fuerzas de la izquierda institucionalizada parece ser: estar con el gobierno o estar con el gobierno… El espacio fundamental para su propia supervivencia política está, por ahora, por fuera de los mecanismos legales institucionales, y su reto estratégico pasa por constituirse como parte de una corriente de oposición de izquierda, lo que es imposible sin un robustecimiento ideológico interno, y sin actuar en las luchas políticas y sociales por sobre sus propios intereses partidarios específicos, especialmente los que se derivan de su inserción en el Estado y de la lucha electoral, que al final, son parte de lo mismo. El dilema es claro: jugar a la institucionalidad significa en este momento subordinarse a la política del gobierno y de Alianza País, y una política de oposición no pasa por una alianza con la derecha en la que también serían subordinados, sino por afirmarse en una política de izquierda…
Entre aquellos sectores sociales y organizaciones no gubernamentales que creyeron en el gobierno, se extienden la desilusión y la desmoralización. Todavía no se comprende el carácter de clase y la ideología del proyecto gubernamental, y se atribuye lo que está ocurriendo a la Personalidad de Correa o al círculo que le rodea. Además, la rearticulación del Estado limita el espacio que han ocupado muchas organizaciones no gubernamentales.
Desorientados y dispersos; auto centrados y aislados; sin capacidad para pasar de la propaganda ideológica a la acción política, no es mejor la situación de los pequeños grupos de izquierda no institucionalizada.
Los límites políticos de los movimientos sociales
A pesar de sostener todavía una lucha a la defensiva, los movimientos sociales, especialmente los indígenas y campesinos que resisten a la minería y la privatización del agua, son el único dique de contención del llamado proyecto de Revolución Ciudadana, en la que se han articulado, bajo las estrategias del Banco Mundial, los más diversos intereses políticos y empresariales, los sueños tecnocráticos, todos los reformismos de izquierda. Soportando un enorme desgaste político y organizativo sufrido en los últimos años, especialmente por la alianza electoral con el Coronel Gutiérrez en las elecciones del año 2003, la CONAIE se ha constituido para Rafael Correa en el enemigo a derrotar, por cuanto al momento es la organización alrededor de la cual se podrían articular.
Hay que superar cinco obstáculos para avanzar en la construcción de una respuesta popular a la modernización capitalista, que tenga como eje a los movimientos sociales: el aislamiento; la ausencia de un programa unitario; la tentación del corto plazo; el legalismo constitucionalista; las alianzas con la derecha tradicional.
Aislados con sus demandas particulares, los movimientos sociales podrán obstaculizar determinadas políticas y medidas del Gobierno, pero de ninguna manera estarán en capacidad de detener el proyecto de modernización capitalista en marcha. Solo con sus propias demandas, estos movimientos no podrán constituirse en el eje de un frente social y político de oposición de izquierda de mayor amplitud.
Es urgente construir un programa unitario. Ese programa deberá articularse alrededor de la lucha por la Reforma Agraria, por el Estado Plurinacional y la democracia radical.
El proyecto de modernización es un proyecto para el período, y no podrá ser derrotado en el corto plazo porque venimos de una época de luchas y desgates prolongados, y porque el gobierno cuenta con legitimidad y fuerza suficiente para derrotarnos.
Otra peligrosa tentación es concentrar la lucha en el marco de lo que dice la Constitución de Montecristi, transformada en el sustento de la modernización capitalista y de la legitimación del Gobierno, para lo cual Alberto Acosta llama a crear un gran Frente Popular. Así como está la Constitución, ni los servidores públicos ni los obreros serían parte de este frente, y las mujeres, como otros sectores, se lo pensarían.
Y es imposible renunciar a la autonomía política y organizativa. El cortoplacismo y la incomprensión de las características de las fuerzas en disputa ha llevado a pensar en que es necesario hacer alianza con cualquiera. Ese tipo de alianzas quitan legitimidad al movimiento popular y refuerzan la del gobierno, y tampoco garantizan acumular fuerza. Es fundamental diferenciar la oposición popular de todos los movimientos opositores que organiza la derecha tradicional.
El momento concreto situación de las fuerzas y la tendencia política general
El gobierno se ha debilitado, relativamente, pero Rafael Correa controla las riendas y se mantiene en el centro de la escena, sin adversarios en la derecha tradicional con capacidad para disputarle el liderazgo. A pesar de la fuerza local de Jaime Nebot y del crecimiento del respaldo a Lucio Gutiérrez, Rafael Correa mantiene la iniciativa, controla los mecanismos del poder político, y todavía está en capacidad de definir, por lo menos internamente, los escenarios que le sean más favorables.
El descenso del apoyo a Correa se encuentra relacionado con la inseguridad (eje de la campaña propagandística de los sectores de la derecha tradicional), el aumento de de los precios, y sobre todo, el incremento del desempleo.
En medio del enorme vacío de fuerzas políticas, el descontento se ha dirigido, por ahora, con mayor fuerza hacia la actuación de la Asamblea Nacional, que, al igual que el antiguo Congreso Nacional, es el órgano de poder más visibilizado por la población, por lo que ha servido y sirve, con gran éxito, como cortina para tapar lo demás. Ante el fracaso en su intento de imponer en la Asamblea Nacional una Ley de Aguas, consensuada con la derecha, Rafael Correa declaró que no era una ley prioritaria. Los tropiezos posteriores en la Asamblea con la Ley de Educación Superior, aprobada al final con los votos justos, y en su proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, han llevado a Correa a plantear la idea de la muerte cruzada. Pero no solo los tropiezos legislativos están detrás de esta idea, sino la necesidad de concentrar mayor poder en manos del Presidente, y superar a través de una nueva batalla electoral, de carácter plebiscitario, la tendencia a la baja de su apoyo político (7).
Por haber perdido el apoyo de algunos sectores, se agudiza la dificultad para imponer las reformas legales que requiere el proyecto a través de la Asamblea Nacional, y esto está llevando al gobierno a una concentración cada vez mayor del poder en el círculo presidencial, mecanismo previsto en la propia Constitución, y una característica desde hace mucho tiempo del sistema político ecuatoriano de República presidencialista.
Para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno se enfrenta a la necesidad de complementar el esquema constitucional con leyes a la medida de la visión que Alberto Acosta denuncia en Alexis Mera, principal asesor jurídico de la Presidencia de la República: “Si la Constitución establece derechos generales muy elevados, hay que bajar la vara cuando se elaboren las leyes complementarias en la Asamblea Nacional”.
Será entonces con los sectores sociales, que defienden sus intereses específicos, pero también los intereses de la nación, con quienes el Gobierno deberá confrontarse en los próximos meses, como lo viene haciendo desde el año 2007. Ya el 15 de enero de ese año, en el acto de posesión, para referirse a manifestantes que reivindicaban sus demandas, Correa habló de los “infiltrados”. En abril y mayo se registraron fuertes choques de la policía con sectores campesinos que rechazaban la explotación minera, son conocidos los graves incidentes ocurridos en Molleturo. En diciembre del mismo 2007 se produjo en Dayuma la brutal represión a los pobladores amazónicos. En los meses siguientes, Correa insistirá en la existencia, en la Asamblea Nacional Constituyente, de asambleístas que tenían “agendas propias”, produciéndose a mediados de ese año 2008, por la discrepancia sobre el Mandato Minero, la ruptura con el Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta.
La confrontación con los indígenas ha crecido en medio de la anunciada radicalización de la revolución Ciudadana. En septiembre del año pasado, las movilizaciones indígenas contra un proyecto de Ley de Aguas que concentra la autoridad del agua en la autoridad gubernamental de turno y en el Estado, desconociendo derechos ancestrales de los pueblos indígenas y de los campesinos, y que además deja intacta la creciente privatización del agua registrada en periodos anteriores (64% del recursos en manos privadas), obligaron a Rafael Correa a recibir en el palacio de gobierno a los dirigentes indígenas y populares, reunión en donde hubo una áspera confrontación de posiciones. Sin embargo, el proyecto de Ley siguió tratándose en la Asamblea Nacional, sin mayores cambios en estas dos cuestiones centrales.
La ley de Aguas es una pieza clave para sostener el respaldo de los grupos burgueses locales ligados a los agro-negocios y a las exportaciones y para sostener la alianza con las transnacionales para la imposición de la minería a gran escala, y está ligada a la soberanía alimentaria y a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y ancestrales.
La contradicción principal entre el Gobierno y los sectores sociales campesinos e indígenas expresa dos cuestiones importantes. Primero, que por encima de la compresión de que la anatomía de la llamada sociedad civil hay que encontrarla en la economía política, se pretende imponernos la ilusión liberal de que el Estado es el resumen de la sociedad civil. El liberal Rafael Correa y sus seguidores no pueden aceptar que el Estado tenga un carácter de clase, pues, de aceptarlo, quedarían revelados los intereses de clase que defienden. Por eso, el discurso de la ciudadanía, en el que se intentan disolver los intereses de clase, especialmente de los sectores explotados, en nombre de derechos civiles y políticos generales expresados en el lema “la patria ya es de todos”. Enmarcada en esta matriz liberal que atraviesa todo el pensamiento gubernamental, se encuentra la obsesión de todos los integrantes de Alianza País, y digo todos porque así lo han confesado, contra lo que llaman “intereses corporativos”, obsesión que solo se expresa cuando ese “corporativismo” es identificado con los indígenas, con los obreros, con los campesinos. El otro elemento es el modelo extractivista primario y minero. La minería a gran escala, piedra angular del Programa Económico, no podrá desarrollarse sin eliminar en nombre del interés general que el Gobierno dice defender, derechos humanos y sociales fundamentales. Y el tiempo corre en contra del Gobierno.
Es importante observar como los intereses y demandas de otros sectores sociales, como los transportistas, por ejemplo, no son tratados ni de infantilismo, ni corporativismo, ni bobería, y sus luchas no son criminalizadas. Estas demandas han sido, casi siempre, asimiladas por la estructura del Estado a través de concesiones específicas o subsidios.
En forma privada Rafael Correa ha dicho que terminará con la CONAIE, vieja aspiración de la partidocracia, y que incluso les dejará sin sus locales. Como en los viejos tiempos del Febres Corderismo y la “larga y triste noche neoliberal”, Correa acusa a la dirigencia indígena de corrupta, de recibir fondos de organizaciones no gubernamentales extranjeras para “desestabilizar” al gobierno revolucionario, y hasta de ser manipulada por la CIA. Cuando sectores del movimiento indígena se reunieron con la derechista Junta Cívica de Guayaquil en búsqueda de una alianza, error gravísimo, Correa y sus agentes políticos, especialmente funcionarios de la llamada Secretaría de Pueblos, se apresuraron a poner el grito en el cielo, olvidando la infinidad de ocasiones en las cuales el Presidente y sus más altos funcionarios se han reunido y pactado con la derecha social cristiana. En una campaña para criminalizar la lucha social, las acusaciones contra el movimiento Indígena han ido de la mano con acciones legales. No se trata de exabruptos, o de “pataletas” debidas a la personalidad explosiva del Presidente, sino de una expresión de la lucha de clases que revela la naturaleza de la Revolución Ciudadana.
A un año del nuevo periodo de gobierno, y a tres años y medio de mandato correísta, la oposición de la derecha tradicional no ha logrado resolver cuestiones básicas y fundamentales para plantearse un programa alternativo a la reforma capitalista impulsada por Correa en sus aspectos económicos y políticos. Solamente los más ortodoxos curas doctrineros del neoliberalismo, como Oswaldo Hurtado, defienden todavía a la religión del libre mercado y del total aperturismo. Algunos sectores exportadores, bananeros y camaroneros, por ejemplo, presionan por un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea como reivindicación particular. Empresarios como Fidel Egas y el Banco del Pichincha y el Produbanco, llevan adelante su batalla contra toda forma de control y por mantener los fondos de la Seguridad Social como colchón para la dolarización, y los dineros de sus ahorristas fuera de la economía ecuatoriana, pero, en general, el conjunto de la burguesía acepta la reforma correísta por cuanto se beneficia de la misma. Por el profundo descrédito de las ideas neoliberales ortodoxas en el conjunto de la población, no ha sido en el cuestionamiento al modelo económico donde el discurso opositor de la derecha tradicional ha concentrado su fuerza. La derecha ultra liberal ha hecho del autoritarismo de Correa el centro de sus ataques, a la vez que presiona por políticas duras para frenar la delincuencia, a las que ha cedido el propio Correa con el apoyo del poderoso Washington Pesantez, su poderoso y leal alfil al frente de la Fiscalía General del Estado.
La derecha tradicional no ha resuelto tampoco la cuestión de la unidad, lo que le ha llevado a ir dividida en tres sectores en los últimos procesos electorales: el PRIAN de Álvaro Noboa, lo que ha quedado del social cristianismo reencauchado en el Movimiento Madera de Guerrero. (así como prominentes figuras de la partidocracia se pasaron de la Izquierda Democrática a las filas de Alianza País, muchos militantes roldosista y social cristianos se metieron también desde el 2006 en Alianza País), y el Partido Sociedad Patriótica del Coronel Lucio Gutiérrez. Los opositores como Carlos Vera, por fuera de las grandes formaciones electorales como el PSP y Madera de Guerrero, no han crecido lo suficiente y en los hechos le hacen el juego a Correa. La oposición de Fabricio Correa es en realidad una cortina de humo sobre sus negocios de hombre “listo”, como se auto calificó, y un gran tongo con su hermano menor que ha utilizado muy bien la imagen de Caín del primogénito de los Correa Delgado. La rancia y reaccionaria derecha tradicional oligárquica no ha sido todavía capaz de unirse con la derecha chola que comanda el Coronel Gutiérrez, tan reaccionaria y anticomunista como la primera. Este vacío ha jugado a favor del fuerte liderazgo de Rafael Correa, quien ha logrado sostener una iniciativa política permanente.
Esta división de la oposición de la derecha tradicional, expresa el predominio de intereses económicos particulares, y también los límites de sus líderes para llegar a la base social regional y de clase de sus competidores.
Caben dos hipótesis sobre la evolución de la situación política. La primera, aquella catastrofista sostenida por quienes señalan que el Gobierno se está debilitando rápidamente, que será víctima de sus excesos, que no podrá tampoco sostener su política económica de inversión agresiva debido a sus problemas fiscales y a la situación económica internacional. La segunda, que suscribo, advierte la existencia de un gobierno que, aunque haya perdido ciertas adhesiones, se consolida. Que por tanto estamos frente a un proyecto que asegurará su continuidad; que no es transitorio, sino de más largo aliento.
La indispensable y ausente oposición de izquierda
Que no existe en el horizonte inmediato, es la única garantía para enfrentar la modernización capitalista en curso.
Hay varias preguntas que deben plantearse:
¿A qué podemos llamar izquierda en el Ecuador? Y si hacen parte de su núcleo fundamental lo más radical de los movimientos sociales, especialmente de los campesinos y los indígenas, los jóvenes de las ciudades, las mujeres y los trabajadores, y las pequeñas organizaciones militantes ¿cómo articularnos?
Para ello deberemos comprender, asumir y resolver varias cuestiones y tareas concretas.
No es en la defensa del neo constitucionalismo ni del Estado capitalista, donde se podrá construir una oposición popular y de izquierda al modelo de modernización capitalista.
Una oposición de izquierda debe construirse alrededor de un programa político en el que se articulen las tareas democráticas más radicales, que para cumplirse de hecho afectarán al conjunto del sistema de dominación.
Esas tareas no pueden realizarse estrictamente en el plano nacional, y mucho menos en un tiempo corto. Es decir, internacionalismo y voluntad estratégica de pasar de las meras luchas de resistencia hacia tareas políticas superiores, son una obligación para la izquierda y los movimientos sociales más avanzados.
Una oposición de izquierda deberá diferenciarse radicalmente de todas las expresiones de las oposiciones de derecha, sin renunciar nunca a dar una batalla por arrebatar de la influencia de la derecha a sectores populares.
Esta oposición de izquierda solo podrá construirse en el marco de un frente unido de trabajadores y pueblos, y la tarea central que puede permitir la unidad de estos sectores es la lucha por una reforma agraria radical.
Este camino exige una acción política general, que supere la mera propaganda ideológica o las reivindicaciones particulares, a lo que la mayoría de grupos, sectores y movimientos han dedicado sus esfuerzos. Un programa de unidad y de acción política no puede dejar de lado los grandes conflictos para la gente común, como el empleo y la seguridad, copados por la derecha y los grandes medios.
6 de agosto del 2010.
Postdata en d mayor: las perlas cultivadas del último informe presidencial
“La desigualdad es buena siempre que no haya pobres”.
“Es el momento de la reconciliación nacional”.
“En el país ha habido persecución política. Yo no puedo caer ante lo que considero injusticias del pasado; más aún si algo puedo hacer para solucionarlas…”
“Dahik es un hombre honrado, víctima del odio y la barbarie que en ese momento dominaban”.
Días más tarde, puso la cereza en el pastel:
“El error de la izquierda es siempre haber visto al empresario como a un enemigo. Pero todos tenemos que ser empresarios (…) todos tenemos que ser emprendedores. Saquémonos esos prejuicios de la izquierda obsoleta (…) Lo que queremos es democratizar la propiedad (…) En pleno siglo XXI decir no a la propiedad privada es un total absurdo (…) No hay mejor política social que el tener un buen empleo.”
Barrabases del neoliberalismo, como Alberto Dahik, para Rafael Correa, son hombres honrados y perseguidos políticos, y en nombre de la “reconciliación nacional” pide para ellos la amnistía. No sería la primera, pues ya le impuso a la Asamblea Constituyente de Montescristi una para Gustavo Noboa Bejarano, su “padre espiritual” y uno de los presidentes más nefastos que ha tenido el Ecuador. Minutos antes, había atacado a los indígenas: ellos no son hombres honrados ni perseguidos políticos; son corruptos, infantiles, incoherentes, violentos.
¿Qué hay detrás de la generosa amnistía para San Alberto Dahik? Que nadie peque de candoroso ingenuo, no es un acto generoso y humanitario de nuestro cristiano Presidente. Expresa la nueva hegemonía, y se trata de consolidar el apoyo de la jerarquía católica y específicamente del Opus Dei (no es ninguna casualidad que Santos Calderón sea tan piadoso miembro del Opus, como el “perseguido político” Alberto Dahik). Pero también se trata de fortalecer el acuerdo con poderosos grupos económicos ecuatorianos, para lo cual Sixto Durán Ballén es una pieza clave por sus vinculaciones con grupos como La Favorita (dueño de la cadena Supermaxi, entre otros grandes negocios), Pronaca, y más.
Si su discurso del 10 de agosto del 2009 conservaba todavía esos oropeles verbales, con cánticos revolucionarios incluidos, que enternecen tanto a la izquierda reformista, el del 10 de agosto pasado fue en cambio una puesta en escena de lo que se viene por delante; toda una definición programática.
En su parte sustancial, el informe del 10 de agosto del 2010 ratificó el modelo político y económico de modernización capitalista, con el ingrediente de haber sido más explícito que antes en el carácter aperturista del modelo: que vengan las transnacionales para que generen empleo, aunque para ello haya que liberarles de impuestos… Reafirmó su combate a la izquierda y los movimientos sociales que se le oponen, no como un hecho circunstancial en el proceso, sino como un elemento programático clave para imponer su proyecto.
La cereza del pastel de esta manera a lo Correa de salir de la “larga noche neoliberal”… Para continuar, no exactamente en lo mismo, pero sí en algo muy parecido…
Alberto Acosta sobre Rafael Correa y la “liposucción ideológica del grupo que le rodea”.
El 23 de agosto, en entrevista al Diario El Comercio, Alberto Acosta declaró:
“Luego de la presentación del informe a la nación de Rafael Correa hay más elementos que permiten preguntarse si el gobierno mantiene la línea de izquierda o se está derechizando”. “(…) dedicó gran parte de su mensaje a atacar a los aliados estratégicos que permitieron que se ponga en marcha este proyecto”.
“A lo mejor Correa no tenía sólidos fundamentos de izquierda, transformadores y revolucionarios. Era quizá un buen economista keynesiano, que en el auge neoliberal aparecía como renovador”.
“El proceso de revolución empieza a quedar trunco. En el mejor de los casos hay un gobierno reformista”.
Asignar la responsabilidad de esta “liposucción ideológica” al grupo que le rodea, es en realidad exculparse a sí mismo, y exculpar a Rafael Correa al considerarle antes que un traidor un diletante ideológico. Pero el asunto no es tan sencillo ni caben explicaciones piadosas. Rafael Correa ni es inocente de nada, ni traidor ni diletante ideológico. Correa demuestra consecuencia con su procedencia de clase, con su ideología de liberal católico y su formación académica de economista keynesiano. Está en el centro de un proyecto de modernización capitalista alrededor del cual se está constituyendo la hegemonía de un nuevo bloque dominante. Vale esta declaración de Alberto Acosta para precisar la explicación de porqué se abrió el período que vivimos.
La modernización capitalista en curso, marcada por una concentración del poder con rasgos autoritarios, es el resultado de cómo quedaron las fuerzas principales de la sociedad, políticas, económicas y sociales, luego de las duras batallas de los años 90, de la crisis bancaria, la caída de Mahuad, el ascenso de Gutiérrez y sobre todo la derrota del TLC.
Los sectores populares resistieron, pero no fueron capaces de articular un frente unido que plantee un proyecto propio de economía y de sociedad alternativo. Solo el neoliberalismo y la partidocracia fueron identificados por el grueso de la población como el enemigo a derrotar. Más allá de las proclamas ideológicas generales, y del planteamiento del Estado Plurinacional, el Movimiento Indígena y el conjunto del campo popular no articularon una propuesta política alternativa; Rafael Correa y su grupo, lo hicieron.
28 de agosto del 2010.
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Notas:
1 La hegemonía es la capacidad de dirección política y cultural que un sector desarrolla sobre el conjunto de la sociedad, y que le permite articular a una relativa mayoría detrás de su proyecto (Ver: Antonio Gramsci: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Juan Pablos Editor, México, 1975.
2 En su campaña electoral para la Presidencia, Lucio Gutiérrez hizo un acercamiento a las FARC para luego renegar del mismo y someterse de manera irrestricta a los dictados del Pentágono. En su momento, Rafael Correa y Alianza País plantearon que las FARC debían ser consideradas como fuerza beligerante, además de su independencia en la guerra colombiana. El resultado más evidente del bombardeo de Angostura ha sido que Ecuador acepte el papel de guardián celoso de la frontera sur de Colombia ante la presencia de grupos insurgentes, y por supuesto, la salida militar antes que la política en el conflicto colombiano.
3 “El tipo está mal de la cabeza, ¿cómo va a perseguir a los indígenas, de qué revolución habla?”, comentaba un amigo hace unos días. No se puede descartar por completo, en el análisis de los procesos históricos y políticos, el papel que cumple la personalidad de los dirigentes, y es un hecho que Rafael Correa es un autoritario. Pero es igualmente importante no perder de vista aquello que se llama ideología y cultura política, y el autoritario Correa ideológicamente es un liberal católico y su cultura política se formó en Guayaquil, un ambiente donde el caudillismo y la puñalada trapera son la regla.
4 Para el caso ecuatoriano, diferencio a la derecha tradicional “oligárquica” de la derecha “chola”, aunque ambas comparten una mentalidad anti comunista heredada de la Guerra Fría. La derecha “oligárquica” es la vieja derecha tradicional, surgida desde la época colonial, vinculada a la propiedad de la tierra, las exportaciones agrícolas y la banca, con antecedentes históricos y familiares de relación con el poder político. La derecha “chola” es aquella que ha emergido en los últimos años, relacionada con actividades financieras y comerciales, o desde sectores militares, y que disputa el poder político para beneficiarse del mismo. Es el caso de partidos políticos como el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en los años 80, o el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en la presente década. La relación con las transnacionales en áreas como telecomunicaciones, construcción, minería y petróleo es una clave para asociarse o beneficiarse de comisiones y obtener un rápido ascenso económico.
5 Disminución de los envíos de remesas por parte de los migrantes, baja del precio del petróleo en el Mercado internacional, aumento del desempleo y de los precios.
6 Varios grupos empresariales se han articulado a la “revolución ciudadana” desde los negocios, desde la participación en políticas públicas, desde una combinación de ambas cosas. Grupos como Pronaca, La Favorita, Mi Comisariato, La Fabril, Nirsa se encuentran entre los 50 grupos económicos más poderosos, ingresan en actividades de punta y en la generación de combustibles, se cuentan entre los grupos de mayor crecimiento y expansión en los últimos 30 años, y están insertos en procesos de transnacionalización, en asocio con capitales de origen centroamericano, caribeño, peruano, colombiano, venezolano y brasileño.
7 De resultados de encuestas revelados hace algunas semanas se desprende una aceptación a Rafael Correa de alrededor del 38%, mientras que la popularidad de Lucio Gutiérrez rondaría el 34%. Sin embargo, otras fuentes colocan el respaldo a Correa muy por encima del 50%.
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