Señor Manuel Zelaya Rosales
Presidente de la República de Honduras
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Tegucigalpa
Honduras
25 de septiembre de 2008 No de Ref.: TG AMR 37/2008.008
Señor Presidente:
Le escribo para expresarle algunas de las inquietudes de Amnistía Internacional (AI) en relación con la lista "Organización Grupos de Presión Formal e Informal 2008" que incluye de manera detallada nombres de organizaciones sociales, de defensores y defensoras de derechos humanos, y de algunos funcionarios de instituciones del Estado. Esta lista, junto a una cámara de fotos que contenía varias fotografías de las sedes de organizaciones no gubernamentales (ONG), fue hallada el pasado 10 de septiembre en manos de dos agentes de policía vestidos de civil quienes se encontraban en actitud vigilante frente a la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónomo de Honduras.
La existencia de esta lista y de la cámara fotográfica con fotos de varias ONG en manos de dos agentes de policía vestidos de civil y en actitud vigilante, genera serias preocupaciones a Amnistía Internacional; especialmente porque varios de quienes aparecen en la lista son reconocidos líderes sociales y algunas de estas personas y/o sus organizaciones han sufrido graves actos de violencia por razón de su trabajo.
Este es el caso por ejemplo del Movimiento Ambientalista de Olancho -MAO- y de uno de sus líderes el Padre Andrés Tamayo quienes, además de aparecer en la mencionada lista, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la gravedad de las amenazas y atentados que han sufrido. El 20 de diciembre de 2006 los líderes del MAO Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena fueron asesinados. Posteriormente cuatro policías fueron detenidos por estos hechos; sin embargo, como le manifestamos anteriormente en la carta enviada el 8 de agosto de este año, para nosotros es motivo de profunda preocupación que tres de los cuatro
detenidos se fugaron de la 115 Brigada Militar en Juticalpa justo unas semanas antes de la individualización de su sentencia condenatoria. La gravedad de estos hechos y la impunidad en la que se encuentran, hacen necesario manifestarle que aún nos encontramos a la espera de la respuesta a las preguntas que le enviamos en la carta
del 8 de agosto y que esperamos que hechos similares no se repitan en relación con los dos policías implicados con la lista descubierta el 10 de septiembre, quienes actualmente se encuentran bajo investigación y detenidos en el Comando de Operaciones Cobra en Tegucigalpa.
Otras de las organizaciones y nombres que aparecen en lista hallada el 10 de septiembre son los de organizaciones y líderes garífuna. Como es de su conocimiento, la comunidad garífuna de San Juan Tela, localidad del departamento de Atlántida, sus líderes y sus organizaciones han sufrido una serie de actos violentos y amenazas en
el transcurso de la defensa de sus tierras ancestrales, de cara a los planes de desarrollar complejos turísticos en su territorio. El hecho de que organizaciones y líderes garífuna, algunos de los cuales hoy cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es indicativo de la gravedad de la existencia de dicha lista y de la necesidad de reforzar las medidas de protección
sobre las organizaciones y las personas que aparecen allí listadas. Otro nombre que salta a la vista en esta lista es el de Altagracia Fuentes, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras, quien aparece en la lista con la anotación "fallecida" y quien en efecto fue asesinada por sicarios el presente año en el mes de abril en circunstancias que aun están por aclarar.
Vemos de manera positiva que se hayan tomado medidas encaminadas a aclarar la situación, como el hecho de que el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía y los dos agentes que se encontraban tomando fotos y tenían en su posesión la lista de nombres hayan sido suspendidos mientras el Ministerio Público y la Dirección de
Investigación Criminal adelantan sus investigaciones. Sin embargo, estas investigaciones deben ir más allá de establecer la responsabilidad individual de los agentes que portaban la lista y establecer además la autoría y el propósito de dicha lista. En todo caso la integridad y los derechos humanos de los agentes detenidos
les deben ser garantizados.
Un reconocimiento público, por parte de su gobierno, del legítimo e importante trabajo de las ONG, de los líderes sociales y de quienes trabajan por los derechos humanos en Honduras es fundamental. Este reconocimiento es especialmente importante en este momento no sólo por la existencia de esta lista y las circunstancias en las que fue descubierta, sino por los graves actos de violencia que han sufrido quienes trabajan por los derechos humanos en los últimos años, a los que además se suma el reciente atentado contra la vida del Fiscal de la Fiscalía de Protección al Consumidor Luis Javier Santos, el 1 de septiembre del 2008.
El ambiente generalizado de inseguridad, impunidad y sensación de vulnerabilidad de las organizaciones sociales y de quienes trabajan por los derechos humanos en Honduras, requiere que su gobierno tome medidas concretas en relación con casos individuales, incluidos los aquí mencionados, y también con la situación general; en este sentido me permito hacer las siguientes recomendaciones:
1. Sean el 10º aniversario de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el próximo 9 de diciembre, y el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de este año, la oportunidad para que su gobierno haga un reconocimiento público del importante y
legítimo trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Amnistía Internacional estará atenta a su pronunciamiento
público.
2. Es una necesidad urgente una política gubernamental integral sobre defensores y defensoras de derechos humanos que incluya medidas de prevención y protección de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos en Honduras y ponga fin a los actos de intimidación y violencia que sufren por el sólo hecho de adelantar su legítimo trabajo. En este sentido le agradecería me permita saber qué medidas ha tomado al respecto en sus más de tres años de gobierno.
3. Es necesario tomar medidas inmediatas para reforzar las medidas de protección con las que ya cuentan algunas de las personas y organizaciones que aparecen en la lista. También es fundamental que se tomen medidas generales que protejan a todas las personas y organizaciones mencionadas en la lista, por lo menos hasta que se
haga público el resultado de las investigaciones por los hechos del 10 de septiembre.
4. Asimismo, le agradecería que nos comunique qué medidas se han tomado para recapturar a los tres policías prófugos vinculados al caso del asesinato de los dos ambientalistas de Olancho Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, qué medidas de protección se están brindando a los miembros del MAO y a sus familiares, y si tras el
descubrimiento de la lista del 10 de septiembre se han tomado medidas adicionales de protección.
5. Quisiera reiterar la importancia de adelantar una investigación imparcial sobre la existencia, propósito y uso de esta lista, así como de las acciones que estaban adelantando los dos policías detenidos el 10 de septiembre, cuyos resultados se hagan públicos. Estas investigaciones necesariamente deben ir más allá de establecer la responsabilidad individual de los dos agentes mencionados y lograr
establecer la responsabilidad de superiores implicados, ya sea por acción o por omisión.
6. Es necesario que las investigaciones de las violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras de derechos humanos aquí mencionadas sean adelantadas de manera expedita, exhaustiva e imparcial para que los responsables de estos actos sean efectivamente llevados ante la justicia y las víctimas de estos hechos reciban una reparación correspondiente.
Por último, sólo quisiera recordarle que la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos) reafirma derechos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos que Honduras ha ratificado y asimismo coincide con normas constitucionales hondureñas, tales como la libertad de expresión, asociación y movimiento.
Dado el interés público en la efectividad del Estado de proteger el trabajo en defensa de los derechos humanos, haremos pública esta carta. A la espera de que los hechos expuestos en la presente carta sean debidamente atendidos como asuntos de urgencia por Usted,quedamos atentos a su respuesta.
Lo saluda muy atentamente,
Irene Khan
Secretaria General
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