Deuda europea con comunidades indígenas tiene que ser pagada

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) divulgó
ayer (24) una nota en la cual pide que los Estados Europeos
reconozcan la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y
que se constituya un Tribunal Internacional para el juzgamiento de
los delitos económicos y ambientales cometidos.
La reivindicación de la CAOI tiene como base la resolución del
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo en Lima
(Perú), deliberó sobre el tema, considerando que los europeos son
culpables. Durante los días 13 y 14 de mayo, testigos denunciaron las
violaciones contra los derechos humanos y el medioambiente cometidas
por las empresas multinacionales europeas en América Latina.

Ahora, con la deliberación del TPP, los indígenas piden que el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator
Especial, lo más rápido posible, para presentar un informe en la
Asamblea General de la Onu, que tenga la "propuesta de mostrar el
concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica; así como también
la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y
culturales contra las personas y los pueblos, por parte de gobiernos,
instituciones financieras y corporaciones multinacionales".

Para el TPP, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la
colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos,
fueron robados la tierra, esclavitud indígena, asesinatos de pueblos
originarios, genocidio cultural; actualmente, la invasión es
producida por las grandes empresas transnacionales, que sirven a una
minoría y destruyen la tierra, contaminan los ríos, tiran productos
químicos en el suelo y contaminan las aguas.

En ese sentido, están incluidas: la Unión FENOSA (España), que actúa
en Cauca (Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca; la Empresa
Minera Majaz, de Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú);
la Repsol, española, que está dañando los ecosistemas en varias
regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.

Las empresas son responsables también de la expulsión de los pueblos
originarios de sus tierras. En esa violación a los derechos humanos,
la violencia es practicada por el ejército, la policía y grupos
armados irregulares. La Unión Fenosa es nuevamente culpable. En
operaciones en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, no cumplió
con las compensaciones prometidas por el desalojo de indios,
campesinos y afrodescendientes.

Por su parte la Shell, es responsable de la represión ilegal a
comunidades en Brasil y en Argentina, en Loma de la Lata y en
Neuquén. Por la misma práctica, la Sheel fue denunciada en Irlanda.
La Repsol es responsabilizada por no haber respetado los derechos de
los Mapuches, Paynemil y Kaxipayin de Argentina, Bolivia y Ecuador.

La actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los
indios y los campesinos son perjudicados en forma especial, pues la
biodiversidad está en peligro. El comportamiento de las empresas va a
llevar a la destrucción de las comunidades indígenas y
afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la biodiversidad,
pues esos pueblos son sus principales protectores.

Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de
América Latina y del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente
a la justicia; promover y apoyar, con los recursos necesarios, el
sistema judicial, para que investigue y castigue los delitos; y
aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente
reconocido "de consenso libre, previo e informado de los actores
sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com